Entrevista a Evelyn Jacir de Lovo
Inauguramos la sección de entrevistas de Perú Consume con Evelyn Jacir de Lovo, Directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esta oportunidad tuvimos la posibilidad de conversar sobre el rol del SEDI respecto de la protección al consumidor en los países miembros de la OEA, del cómo la protección de los derechos de los usuarios contribuye a lograr el desarrollo social y su opinión sobre el rumbo que debe abordarse en los temas de protección al consumidor en países en vías de desarrollo.
¿Cuáles son las funciones que desarrolla el Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) respecto de la de protección al consumidor en los países miembros?
La protección a las consumidoras y los consumidores es un tema central en lo que refiere al objetivo primordial de contribuir al desarrollo integral en la región. La Carta de la OEA, en su capítulo dedicado al desarrollo social, establece que los Estados miembros deben hacer esfuerzos para obtener suministros adecuados y seguros para los consumidores. Este compromiso ha sido reafirmado por las jefas y jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas en Monterrey, y más recientemente con la aprobación de las Resoluciones de la Asamblea General de 2009, 2010 y 2011.
La primera de estas resoluciones (AG/RES. 2494 (XXXIX-O/09)) ordenó fortalecimiento de los mecanismos de cooperación existentes y otras modalidades de actividades conjuntas entre las agencias gubernamentales, y rápidamente se comenzó un diálogo en el que se identificó por parte de las autoridades nacionales de defensa del consumo y autoridades sanitarias, como una de las áreas prioritarias, la necesidad de fortalecer la seguridad de los productos que circulan en el mercado dado su importante impacto en la salud.
A partir del convencimiento de que el consumo seguro es un determinante social de la salud, se formalizó una alianza entre la OEA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para iniciar los trabajos de coordinación tendientes a conformar una red de colaboración entre las agencias de protección al consumidor y las agencias sanitarias que se denominó Red Consumo Seguro y Salud (RCSS). El punto de partida de esta iniciativa, además de la organización de varias consultas de expertos, fue la elaboración de un moderno portal de Internet, que fue presentado oficialmente ante el Consejo Permanente de la OEA el 23 de noviembre de 2010 por especialistas de los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos (www.oas.org/rcss).
La RCSS es coordinada por el Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA en alianza con la OPS, y Consumers International ha participado en todas las etapas de su implementación, representando la perspectiva de la sociedad civil. Esta Red constituye el primer esfuerzo interamericano especializado en la seguridad de productos de consumo y su impacto en la salud; sus elementos centrales consisten el intercambio de experiencias, capacitación de personal, y sensibilización de las autoridades y público general sobre el tema. Su portal web especializado ha sido catalogado como único en el mundo en lo que refiere a la seguridad de los productos de consumo, principalmente debido a sus avanzadas herramientas de búsqueda y clasificación.
Tras el entusiasmo generado por la rápida implementación de la RCSS, la Asamblea General en el año 2011 subió la apuesta y ordenó a la Secretaría General, sin perjuicio de perfeccionar y fortalecer la RCSS, el diseño e implementación de un sistema interamericano de alertas rápidas sobre seguridad de los productos de consumo, como existe en otras regiones, y es en ese sentido que los Estados Miembros están impulsando el trabajo.
Esta coordinación para el intercambio rápido de información sobre productos inseguros es fundamental., pues permite a los países adoptar medidas proactivas y preventivas ante la alerta de un riesgo en otros mercados. A medida que los países y regiones más desarrollados fortalecen sus sistemas de vigilancia, algunos proveedores malintencionados pueden derivar sus mercancías a mercados más desprotegidos o con menos estándares de seguridad o capacidad de control; además, muchos países de la región no cuentan con industrias muy desarrolladas, por lo que se ven obligados a importar gran parte de los productos que se consumen.
Como fase previa al diseño e implementación de un sistema interamericano de alertas rápidas, el principal desafío es lograr un “lenguaje común”, es decir, procurar establecer o acordar parámetros compatibles entre los países en lo que refiere a la determinación de cuándo un producto es inseguro, cómo calcular el riesgo de un producto, y qué estándares aplicar para considerar tomar medidas preventivas como, por ejemplo, la prohibición de ingreso en las aduanas, o el retiro del producto del mercado si ya ha circulado.
Lograr el desarrollo social y superar los niveles de pobreza que existen en nuestros países es una de las principales preocupaciones de los gobiernos. Desde su experiencia, ¿de qué manera la protección de los derechos de los consumidores contribuye a este objetivo?
El desarrollo social es un concepto amplio que abarca diversos factores, como el económico, social, educacional, cultural, etc. Nosotros entendemos que es condición necesaria para la efectiva democracia, que las personas puedan desarrollar sus capacidades y desenvolverse con equidad y dignidad en el ejercicio pleno de sus derechos.
Tutelar efectivamente los derechos del consumidor y lograr una relación de equidad, certeza y seguridad jurídica en la relación consumidor – proveedor fortalece la ciudadanía, porque el consumidor se siente, al igual que el proveedor, sujeto pleno de derechos también en el mercado. Adicionalmente, esta tutela contribuye a proteger el presupuesto familiar, y garantizar un consumo seguro previene gastos por enfermedad y/o accidentes.
Ha sido comprobado por numerosos estudios, y reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que la salud de las personas no sólo depende de la atención y cuidado que se les haga disponible, sino fundamentalmente de las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido los productos que consumen y la calidad de dichos productos. Todos estos elementos, a su vez, son el resultado de circunstancias que escapan el control de las personas, como lo son la distribución del ingreso, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional y local, y las políticas adoptadas por los propios países.
Otro aspecto fundamental para la democracia y el desarrollo social es el derecho a la información. Todas y todos debemos tener el derecho a formar una opinión propia sobre lo que consumimos y el impacto que esto tiene en nuestra salud. Sin embargo, muchos de los productos que existen hoy en día en nuestros mercados no son lo que dicen ser. En una sociedad democrática moderna el consumidor debe tener derecho no solamente a un precio justo, sino que también a poder elegir entre varias alternativas, y poder acceder a una veraz información de estas, de modo que su salud sea protegida en todo momento.
La tutela efectiva de los derechos de las consumidoras y los consumidores es fundamental para poder alcanzar el desarrollo de una sociedad, ya que está íntimamente relacionada con el derecho de acceso a información, a la libre elección, y a la salud, y por consecuencia a una mejor calidad de vida y un verdadero ejercicio de la democracia, ambos necesarios para lograr el desarrollo social con equidad.
En ese sentido insisto en que la protección de la vida y la integridad física de las personas en referencia a los productos y servicios que consumen, previene o reduce gastos en salud que tienden cada vez más a ser una carga importante en los presupuestos familiares y de los países. Garantizar un consumo seguro involucra a todas aquellas agencias estatales cuya área de competencia pueda tener un impacto en la salud de las personas.
En ese marco, la seguridad de los productos de consumo debe involucrar no solo a las agencias de protección al consumidor, sino a las autoridades sanitarias, de metrología y normalización, aduanas y otras. Un buen ejemplo en este sentido es el de Brasil, que en el mes de junio formalizó un “Grupo de Trabajo Consumo Seguro y Salud Brasil”, cuya finalidad es articular el trabajo en materia de seguridad de los productos de consumo entre agencias dependientes de los Ministerios de Justicia, Salud e Industria.
Es en virtud de lo anterior que la coordinación de la Red la asumimos desde el primer momento de la mano de una organización hermana especializada en el tema como la OPS, y con la activa participación de los diversos actores.
Otro aspecto no menos relevante que suele manejarse, es el impacto que la vigilancia del mercado sobre la seguridad de los productos de consumo tiene en el comercio entre los países. La confianza que genera en el resto de los mercados el hecho de que un país cuente con estándares claros y procedimientos de seguridad mínimos para controlar la seguridad de los productos de consumo influye en la receptividad que sus productos tendrán en el resto de los mercados. Asimismo, la mejora de los esfuerzos de vigilancia en un país tiene influencia en todos los demás, si tomamos en cuenta el mercado global actual en el cual productos provenientes de un país o región son comercializados en todos los rincones del planeta.
Con la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el Perú se ha planteado la idea de un Sistema de Defensa de los Consumidores en nuestro país, tal y como se mantiene en El Salvador, su tierra natal. ¿Podría compartir con nosotros esta experiencia?
El Sistema Nacional Integral de Protección al Consumidor de El Salvador ha permitido un gran avance en el tema, ya que ha sabido aprovechar las sinergias entre las instituciones nacionales involucradas en la protección de los derechos de los consumidores. De esta forma, ha logrado promover la transparencia de la información que las empresas brindan a los consumidores, así como la disminución de prácticas empresariales abusivas e ilegales contrarios al interés de los consumidores.
La ley de Protección al Consumidor de El Salvador del año 2005, establece este sistema nacional para promover la protección de los consumidores a través de la articulación de los esfuerzos de todos los organismos gubernamentales relevantes en el tema, teniendo como cabeza coordinadora a la Defensoría del Consumidor, la cual también sirve como oficina de enlace de la actuación conjunta para el cumplimiento de la ley.
Se trata de un esfuerzo de cooperación entre diversas instituciones del Gobierno para hacer cada vez más efectiva la protección de los consumidores, el cual ya ha dado frutos y se ha traducido en el fortalecimiento y ampliación de modalidades de acercamiento a la ciudadanía de los servicios al consumidor, la devolución de millones de dólares a favor del consumidores afectados, la ejecución de inspecciones ante diversos proveedores, la realización de Defensorías móviles en muchos municipios del país, entre otros.
Es importante destacar que la efectiva coordinación con las instituciones que suelen tener competencia primaria en materia de protección a los consumidores en temas específicos, tales como la Superintendencia de Telecomunicaciones, de Energía o Financiera, y los Ministerios de Agricultura, Salud, Vivienda, entre otros, ha sido posible en el caso de El Salvador por contar con una ley de Protección al Consumidor que estableció un fuerte respaldo legal y ponderación política a la Defensoría del Consumidor, pero también por el compromiso y colaboración de los distintos entes reguladores a nivel sectorial.
Me parece muy saludable que otros países trabajen hacia la constitución de sistemas nacionales integrados. Debemos terminar con la visión puramente económica de la protección del consumidor y enfocarle desde lo que realmente es: un determinante fundamental de la democracia y el desarrollo, al contribuir a garantizar en el mercado el ejercicio pleno de los derechos de los consumidores.
El desarrollo social es un concepto amplio que abarca diversos factores, como el económico, social, educacional, cultural, etc. Nosotros entendemos que es condición necesaria para la efectiva democracia, que las personas puedan desarrollar sus capacidades y desenvolverse con equidad y dignidad en el ejercicio pleno de sus derechos.
Tutelar efectivamente los derechos del consumidor y lograr una relación de equidad, certeza y seguridad jurídica en la relación consumidor – proveedor fortalece la ciudadanía, porque el consumidor se siente, al igual que el proveedor, sujeto pleno de derechos también en el mercado. Adicionalmente, esta tutela contribuye a proteger el presupuesto familiar, y garantizar un consumo seguro previene gastos por enfermedad y/o accidentes.
Ha sido comprobado por numerosos estudios, y reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que la salud de las personas no sólo depende de la atención y cuidado que se les haga disponible, sino fundamentalmente de las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido los productos que consumen y la calidad de dichos productos. Todos estos elementos, a su vez, son el resultado de circunstancias que escapan el control de las personas, como lo son la distribución del ingreso, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional y local, y las políticas adoptadas por los propios países.
Otro aspecto fundamental para la democracia y el desarrollo social es el derecho a la información. Todas y todos debemos tener el derecho a formar una opinión propia sobre lo que consumimos y el impacto que esto tiene en nuestra salud. Sin embargo, muchos de los productos que existen hoy en día en nuestros mercados no son lo que dicen ser. En una sociedad democrática moderna el consumidor debe tener derecho no solamente a un precio justo, sino que también a poder elegir entre varias alternativas, y poder acceder a una veraz información de estas, de modo que su salud sea protegida en todo momento.
La tutela efectiva de los derechos de las consumidoras y los consumidores es fundamental para poder alcanzar el desarrollo de una sociedad, ya que está íntimamente relacionada con el derecho de acceso a información, a la libre elección, y a la salud, y por consecuencia a una mejor calidad de vida y un verdadero ejercicio de la democracia, ambos necesarios para lograr el desarrollo social con equidad.
En ese sentido insisto en que la protección de la vida y la integridad física de las personas en referencia a los productos y servicios que consumen, previene o reduce gastos en salud que tienden cada vez más a ser una carga importante en los presupuestos familiares y de los países. Garantizar un consumo seguro involucra a todas aquellas agencias estatales cuya área de competencia pueda tener un impacto en la salud de las personas.
En ese marco, la seguridad de los productos de consumo debe involucrar no solo a las agencias de protección al consumidor, sino a las autoridades sanitarias, de metrología y normalización, aduanas y otras. Un buen ejemplo en este sentido es el de Brasil, que en el mes de junio formalizó un “Grupo de Trabajo Consumo Seguro y Salud Brasil”, cuya finalidad es articular el trabajo en materia de seguridad de los productos de consumo entre agencias dependientes de los Ministerios de Justicia, Salud e Industria.
Es en virtud de lo anterior que la coordinación de la Red la asumimos desde el primer momento de la mano de una organización hermana especializada en el tema como la OPS, y con la activa participación de los diversos actores.
Otro aspecto no menos relevante que suele manejarse, es el impacto que la vigilancia del mercado sobre la seguridad de los productos de consumo tiene en el comercio entre los países. La confianza que genera en el resto de los mercados el hecho de que un país cuente con estándares claros y procedimientos de seguridad mínimos para controlar la seguridad de los productos de consumo influye en la receptividad que sus productos tendrán en el resto de los mercados. Asimismo, la mejora de los esfuerzos de vigilancia en un país tiene influencia en todos los demás, si tomamos en cuenta el mercado global actual en el cual productos provenientes de un país o región son comercializados en todos los rincones del planeta.
Con la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el Perú se ha planteado la idea de un Sistema de Defensa de los Consumidores en nuestro país, tal y como se mantiene en El Salvador, su tierra natal. ¿Podría compartir con nosotros esta experiencia?
El Sistema Nacional Integral de Protección al Consumidor de El Salvador ha permitido un gran avance en el tema, ya que ha sabido aprovechar las sinergias entre las instituciones nacionales involucradas en la protección de los derechos de los consumidores. De esta forma, ha logrado promover la transparencia de la información que las empresas brindan a los consumidores, así como la disminución de prácticas empresariales abusivas e ilegales contrarios al interés de los consumidores.
La ley de Protección al Consumidor de El Salvador del año 2005, establece este sistema nacional para promover la protección de los consumidores a través de la articulación de los esfuerzos de todos los organismos gubernamentales relevantes en el tema, teniendo como cabeza coordinadora a la Defensoría del Consumidor, la cual también sirve como oficina de enlace de la actuación conjunta para el cumplimiento de la ley.
Se trata de un esfuerzo de cooperación entre diversas instituciones del Gobierno para hacer cada vez más efectiva la protección de los consumidores, el cual ya ha dado frutos y se ha traducido en el fortalecimiento y ampliación de modalidades de acercamiento a la ciudadanía de los servicios al consumidor, la devolución de millones de dólares a favor del consumidores afectados, la ejecución de inspecciones ante diversos proveedores, la realización de Defensorías móviles en muchos municipios del país, entre otros.
Es importante destacar que la efectiva coordinación con las instituciones que suelen tener competencia primaria en materia de protección a los consumidores en temas específicos, tales como la Superintendencia de Telecomunicaciones, de Energía o Financiera, y los Ministerios de Agricultura, Salud, Vivienda, entre otros, ha sido posible en el caso de El Salvador por contar con una ley de Protección al Consumidor que estableció un fuerte respaldo legal y ponderación política a la Defensoría del Consumidor, pero también por el compromiso y colaboración de los distintos entes reguladores a nivel sectorial.
Me parece muy saludable que otros países trabajen hacia la constitución de sistemas nacionales integrados. Debemos terminar con la visión puramente económica de la protección del consumidor y enfocarle desde lo que realmente es: un determinante fundamental de la democracia y el desarrollo, al contribuir a garantizar en el mercado el ejercicio pleno de los derechos de los consumidores.
¿Cuál cree usted que debe ser el rumbo que tome la defensa de los consumidores en países en vías de desarrollo como el Perú?
Además de seguir promoviendo sistemas integrales como el de Defensa de los Consumidores, planteado en Perú tras la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, mencionaría tres puntos.
En primer lugar, para poder avanzar en el tema es de suma importancia la creación de sistemas y estructuras adecuadas que proporcionen información y voz a las consumidoras y consumidores, para que así éstos asuman crecientemente el rol tan importante que tienen como vigilantes y contralores del cumplimiento de sus derechos, así como de aliados para la promoción de la educación y concientización de consumidores y proveedores sobre la importancia del tema.
Del mismo modo, es esencial trabajar para establecer sistemas de reparación de daños y responsabilidad, eficaces tanto en vía judicial como administrativa, y que obliguen a las empresas a respetar las normas y estándares establecidos por cada país para proteger la salud de los consumidores y del público general.
Finalmente, es vital seguir avanzando gradualmente hacia una más efectiva coordinación intersectorial por parte de los órganos gubernamentales entre si, y a su vez con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, considerando el contexto del comercio global y sus efectos transnacionales.
De esta forma, es necesario aprovechar los esfuerzos ya realizados por otros países y aprender de sus experiencias exitosas, evitando duplicaciones de esfuerzos y buscando sinergias en todo momento para así poder proteger los derechos de los consumidores de una manera más efectiva dentro de nuestro continente.
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