Algunas veces los sueños pueden convertirse en pesadillas. En nuestro país eso es muy cierto, más aun cuando alguna persona deposita sus esperanzas en la adquisición de un bien tan importante y trascendente en su vida, sin contar con la certeza de que logrará obtenerlo: la casa propia.
Con ocasión de un reencuentro con algunos compañeros del colegio, un amigo me comentó -entre satisfacción, frustración y gran desconcierto- todas las peripecias que tuvo que sortear para que, al cabo de casi tres años de marchas y contramarchas, pueda -sépalo bien- recuperar el total del dinero que pagó de cuota inicial para adquirir un inmueble. Veamos algunos detalles del caso.
La travesía se inició en el año 2010 cuando, tras varios años de pagar el alquiler del departamento donde vive junto a su familia y gracias al ahorro constante, mi amigo decidió buscar información sobre departamentos en venta, así como las diversas formas de financiamiento existentes en el mercado.
Rápidamente encontró un sinnúmero de ofertas en distintos distritos de nuestra ciudad, cuya construcción estaba a cargo de empresas unipersonales, familiares o grandes inmobiliarias; asimismo, diversas entidades financieras estaban dispuestas a brindarle las facilidades necesarias para optar por lo que hasta ese momento era la inversión más importante para él y su familia.
Así, todo iba quedando listo para que simplemente tome la decisión y acepte el compromiso de un pago mensual ante la entidad financiera y espere pacientemente la entrega de su nuevo -y al fin propio- departamento; sin embargo, un corto periodo de evaluación y la poca información obtenida harían de la posibilidad de convertir su sueño en realidad, una auténtica pesadilla.
Para hacer breve la historia, mi amigo había optado por un proyecto cuya construcción se encontraba a cargo de una empresa unipersonal (constituida con un muy bajo capital, incapaz de afrontar algún problema que se podría suscitar durante la etapa de construcción) y en un terreno cuya propiedad se encontraba en litigio ante el Poder Judicial y con una anotación en la partida electrónica de los Registros Públicos.
Lamentablemente, cuando conoció esta información, ya había entregado casi el 60% del precio del inmueble, además de haber firmado un contrato preparatorio en el que se contemplaba una penalidad del 20% si es que el consumidor desistía de la compra y que le otorgaba un plazo de tres años al proveedor para que proceda con la devolución del dinero entregado.
No es muy difícil imaginar que finalmente el proyecto nunca se logró y tras algunos cientos de dólares en gastos de comunicaciones notariales, demandas judiciales, patrocinios de abogados “especialistas” y una gran cantidad de horas totalmente perdidas, mi buen amigo logró persuadir al “empresario” para que le devuelva todo el dinero inicialmente entregado, el cual obviamente se vio mermado por los gastos en los que tuvo que incurrir y el tiempo invertido para recuperar el monto pagado.
En situaciones como la expuesta, la respuesta muchas veces suele ser la falta de asesoría, la inactividad de las autoridades gubernamentales para fiscalizar oportunamente el mercado, la falta de información, entre otras.
Considerando la coyuntura actual del mercado inmobiliario y las circunstancias que normalmente suelen presentarse en la adquisición de un inmueble y el eventual financiamiento de este ¿Hubiera recomendado a mi amigo recurrir a un corredor inmobiliario? ¿Qué otras acciones pueden ser aconsejables de tomar antes de optar por un inmuebles? Ante algún tipo de engaño del que podamos ser víctimas ¿Ante qué autoridades puedo recurrir? ¿Es recomendable asesorarse legalmente y judicializar el asunto? ¿Con qué otras garantías cuentan los consumidores para la adquisición de bienes de esta naturaleza?
En la siguiente entrega de este blog intentaremos absolver estas inquietudes y explicar el panorama general del mercado inmobiliario, brindando algunas alternativas a considerar para la etapa preliminar, durante y luego de haber tomado la decisión de consumo, así como una noción básica de cómo afrontar un litigio considerando los beneficios y limitaciones de un procedimiento administrativo y un proceso judicial.
Walter Alvarez, noviembre de 2013
Con ocasión de un reencuentro con algunos compañeros del colegio, un amigo me comentó -entre satisfacción, frustración y gran desconcierto- todas las peripecias que tuvo que sortear para que, al cabo de casi tres años de marchas y contramarchas, pueda -sépalo bien- recuperar el total del dinero que pagó de cuota inicial para adquirir un inmueble. Veamos algunos detalles del caso.
La travesía se inició en el año 2010 cuando, tras varios años de pagar el alquiler del departamento donde vive junto a su familia y gracias al ahorro constante, mi amigo decidió buscar información sobre departamentos en venta, así como las diversas formas de financiamiento existentes en el mercado.
Rápidamente encontró un sinnúmero de ofertas en distintos distritos de nuestra ciudad, cuya construcción estaba a cargo de empresas unipersonales, familiares o grandes inmobiliarias; asimismo, diversas entidades financieras estaban dispuestas a brindarle las facilidades necesarias para optar por lo que hasta ese momento era la inversión más importante para él y su familia.
Así, todo iba quedando listo para que simplemente tome la decisión y acepte el compromiso de un pago mensual ante la entidad financiera y espere pacientemente la entrega de su nuevo -y al fin propio- departamento; sin embargo, un corto periodo de evaluación y la poca información obtenida harían de la posibilidad de convertir su sueño en realidad, una auténtica pesadilla.
Para hacer breve la historia, mi amigo había optado por un proyecto cuya construcción se encontraba a cargo de una empresa unipersonal (constituida con un muy bajo capital, incapaz de afrontar algún problema que se podría suscitar durante la etapa de construcción) y en un terreno cuya propiedad se encontraba en litigio ante el Poder Judicial y con una anotación en la partida electrónica de los Registros Públicos.
Lamentablemente, cuando conoció esta información, ya había entregado casi el 60% del precio del inmueble, además de haber firmado un contrato preparatorio en el que se contemplaba una penalidad del 20% si es que el consumidor desistía de la compra y que le otorgaba un plazo de tres años al proveedor para que proceda con la devolución del dinero entregado.
No es muy difícil imaginar que finalmente el proyecto nunca se logró y tras algunos cientos de dólares en gastos de comunicaciones notariales, demandas judiciales, patrocinios de abogados “especialistas” y una gran cantidad de horas totalmente perdidas, mi buen amigo logró persuadir al “empresario” para que le devuelva todo el dinero inicialmente entregado, el cual obviamente se vio mermado por los gastos en los que tuvo que incurrir y el tiempo invertido para recuperar el monto pagado.
En situaciones como la expuesta, la respuesta muchas veces suele ser la falta de asesoría, la inactividad de las autoridades gubernamentales para fiscalizar oportunamente el mercado, la falta de información, entre otras.
Considerando la coyuntura actual del mercado inmobiliario y las circunstancias que normalmente suelen presentarse en la adquisición de un inmueble y el eventual financiamiento de este ¿Hubiera recomendado a mi amigo recurrir a un corredor inmobiliario? ¿Qué otras acciones pueden ser aconsejables de tomar antes de optar por un inmuebles? Ante algún tipo de engaño del que podamos ser víctimas ¿Ante qué autoridades puedo recurrir? ¿Es recomendable asesorarse legalmente y judicializar el asunto? ¿Con qué otras garantías cuentan los consumidores para la adquisición de bienes de esta naturaleza?
En la siguiente entrega de este blog intentaremos absolver estas inquietudes y explicar el panorama general del mercado inmobiliario, brindando algunas alternativas a considerar para la etapa preliminar, durante y luego de haber tomado la decisión de consumo, así como una noción básica de cómo afrontar un litigio considerando los beneficios y limitaciones de un procedimiento administrativo y un proceso judicial.
Walter Alvarez, noviembre de 2013
Fotografía del post tomada de aquí.
Esta entrada es parte del blog "La bitácora del consumidor" a cargo de Walter Alvarez.
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